Inversión extranjera en el mercado de seguros de Costa Rica

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“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” Atribuido a Charles Darwin

 

Costa Rica es uno de los pocos países donde la Superintendencia de Seguros no es el órgano de mayor poder decisorio en materia de seguros. La Superintendencia tiene una personería instrumental, no cuenta con junta directiva y solo desempeña un papel supervisor, porque la regulación la lleva a cabo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), adscrito al Banco Central, ente regulador de la política económica y financiera del país. Las resoluciones de la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE) pueden elevarse en alzada ante el CONASSIF, quien da el veredicto final. Por ello, es muy fácil distinguir un eje eminentemente financiero en la Ley de Seguros actual, situación que lleva a algunos “entendidos” a afirmar que el seguro es un negocio etamente financiero: nada más alejado de la realidad que eso.

Las aseguradoras son inversoras institucionales y hasta en su naturaleza jurídica, para empezar, difieren de los bancos y entidades financieras. En este asunto se conjugaron muchos intereses a favor de grupos económicos influyentes, dentro y fuera del país.

En cuanto al capital extranjero invertido en la industria aseguradora costarricense, existen diez aseguradoras de origen foráneo y tres de capital criollo. Los valores de capital mínimo requerido son valorados en términos de Unidades de Desarrollo (UD), algo muy parecido a las Unidades de Fomento chilenas. Los requerimientos mínimos de capital son los siguientes:

Ninguna entidad aseguradora o reaseguradora podrá iniciar sus operaciones mientras no tenga totalmente suscrito y pagado, en efectivo, su capital mínimo. Dicho capital deberá depositarse en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y podrá ser retirado conforme se efectúen las inversiones.

Adicionalmente, el artículo 7 (autorización administrativa) de la Ley 8653, en su inciso b, instituye que podrán establecerse en el país las entidades aseguradoras que con arreglo a las leyes de otros países que puedan operar en Costa Rica por medio de sucursales, de conformidad con el artículo 226 del Código de Comercio. En estos casos, el objeto social será, en forma exclusiva, el ejercicio de la actividad aseguradora (similar a la legislación chilena).

a) Entidades aseguradoras de seguros personales: USD 3.000.000.
b) Entidades aseguradoras de seguros generales: USD 3.000.000.
c) Entidades aseguradoras mixtas: USD 10.000.000.
d) Entidades reaseguradoras: USD 10.000.000.
Nota: el corretaje de reaseguros no está regulado en Costa Rica.

El ambiente regulatorio es un punto fuerte que se debe considerar para decidir invertir en un país, así como el político, el social, el ambiental, el tecnológico, el económico y otros de menor importancia. América Latina es una zona con índices de crecimiento superiores al los de países desarrollados; por ello, el ingreso de capitales para invertir en el negocio asegurador será cada vez mayor, especialmente en los seguros personales. Un buen ambiente regulador, sin excesos y optimizado a los intereses de cada sociedad, es ideal para frenar eventuales abusos, pues ya no estamos en la época del trueque de espejitos por oro.

LIC. JUAN IGNACIO QUIRÓS ARROYO
Consultor de seguros. Corredor de reaseguros

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